En una sentencia dictada el 15 de mayo de 2024, el Tribunal de Casación marroquí recordó que una persona puede incurrir en responsabilidad penal cuando comparte, a través de Facebook, un artículo que contiene acusaciones graves y falsas dirigidas contra una persona identificable.
En el asunto examinado, una persona había compartido en su cuenta de Facebook un artículo dirigido contra un responsable de un establecimiento público. El contenido difundido atribuía a este responsable hechos especialmente graves, relacionados en particular con la gestión del establecimiento en cuestión.
La persona acusada sostenía que no era la autora del contenido original y que se había limitado a compartir un artículo ya publicado por un sitio web. Alegaba también que su intervención formaba parte de la crítica a la gestión de un establecimiento público y, por consiguiente, de la libertad de expresión.
Sin embargo, los tribunales de instancia no acogieron esta argumentación. Consideraron que la publicación compartida contenía acusaciones precisas y graves dirigidas contra una persona determinada, que iban más allá de una simple crítica general. El Tribunal de Casación confirmó esta apreciación.
Una de las principales enseñanzas de esta sentencia es que la responsabilidad penal no se limita necesariamente al autor original del contenido. En efecto, compartir una publicación, un artículo, un vídeo o cualquier otro contenido digital puede equipararse a un acto de difusión cuando dicho contenido incluye imputaciones que atentan contra el honor, la reputación o la vida privada de una persona. Por tanto, el hecho de compartir puede tenerse en cuenta jurídicamente en la medida en que contribuye a dar a conocer el contenido litigioso a un público más amplio.
La sentencia pone también de relieve una distinción fundamental entre, por una parte, la crítica admisible de la gestión de un servicio público o de un establecimiento público y, por otra, las acusaciones personales que pueden recibir una calificación penal. La crítica de la acción pública, de la gestión administrativa o del funcionamiento de un establecimiento sigue estando, en principio, protegida por la libertad de expresión. No obstante, esta libertad no permite difundir afirmaciones graves, no acreditadas o personalmente deshonrosas contra una persona identificable.
La frontera puede ser a veces difícil de trazar: una crítica sobre la gestión, el funcionamiento o la transparencia de un establecimiento puede formar parte del debate público. En cambio, la imputación de hechos concretos como la corrupción, el libertinaje, el fraude o cualquier otra conducta gravemente reprochable expone a su autor o a quien la difunde a un riesgo jurídico importante, sobre todo cuando esos hechos no están demostrados.
Antes de publicar o compartir un contenido dirigido contra una persona, se recomienda comprobar al menos varios elementos. Conviene preguntarse, en particular, si la persona aludida es identificable, si los hechos alegados están acreditados, si los términos utilizados son mesurados y si el contenido trata realmente de un asunto de interés general o se dirige directamente contra el honor y la consideración de una persona determinada. También es necesario distinguir las opiniones, las valoraciones críticas y las imputaciones de hechos. Una opinión puede discutirse, pero una acusación de hechos grave debe poder probarse.
Esta distinción es esencial, ya que una publicación presentada como una simple crítica puede recalificarse si contiene, en realidad, imputaciones precisas que pueden lesionar la reputación o la vida privada de otra persona.
Cuando una persona física o jurídica es objeto de una publicación o de un contenido compartido que lesiona su reputación, es importante reaccionar con método. El primer paso consiste en conservar las pruebas: capturas de pantalla, enlaces URL, fecha y hora de publicación, identidad de la cuenta en cuestión, comentarios, veces que se ha compartido y cualquier otro dato útil. Después puede ser necesario hacer levantar un acta de constatación, enviar un requerimiento, solicitar la retirada del contenido o emprender una acción judicial, según la gravedad de los hechos y los objetivos perseguidos.
La sentencia dictada por el Tribunal de Casación marroquí el 15 de mayo de 2024 es un recordatorio importante: en las redes sociales, compartir un contenido puede comprometer la responsabilidad de quien lo difunde.
La libertad de expresión sigue siendo un principio fundamental, en particular cuando se trata de debatir sobre la gestión de un servicio público o sobre un asunto de interés general. No obstante, esta libertad no ampara la difusión de acusaciones graves, no acreditadas o que atenten contra la reputación y la vida privada de una persona identificable.